Adolfo Cuevas, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), reveló que ya se encuentran trabajando en dicho padrón.

Mencionó que el instituto necesitará un presupuesto que supere los 700 millones de pesos para poder realizar el registro de las más de 120 millones de líneas activas en nuestro país. Señaló que actualmente los recursos ya se están gestionando.

“Hemos hecho un estimado, por el tipo de servidores que se requieren y otros aspectos de ciberseguridad, superior a 700 millones de pesos. Es sumamente costoso y no podemos tenerlo en los servidores del instituto” dijo.

«Es muy relevante que contemos con los recursos, se lo explicaremos en los próximos días a la Secretaría de Hacienda y si no tenemos una respuesta positiva se lo haremos a ver a la Cámara de Diputados con motivo del próximo decreto de Presupuesto de Egresos» también mencionó.

Indicó que la nueva infraestructura para la creación del padrón debe ser independiente, para evitar cualquier tipo de afectación o eventos inesperados como puede ser desde un sismo, interrupciones, o hasta un hackeo.

También hay que considerar el impacto que tendrá para los operadores telefónicos, que tendrán que implementar proceso de recopilación, equipos y costos invertidos, que finalmente serán transferidos al bolsillo de los consumidores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil, para tener acceso a datos biométricos de sus propietarios, aprobada por el senado, es un asunto de seguridad.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario manifestó que las empresas telefónicas, «desde luego no lo vieron con simpatía porque implica un trámite que se hace en otros casos como en los bancos, cuando se va a llevar a cabo la contratación de un servicio hay que dar los nombres e incluso huella, ya se aplica en otros casos, pero las telefónicas alegaban que esto les limita la venta». 

Afirmó que durante la reunión del gabinete de seguridad de hoy, se abordó el tema «que fue muy polémico y se explicó a detalle la importancia que tiene tener control sobre estas tarjetas para la protección de los mexicanos» porque «se cambiaban de chips, se utilizaban los teléfonos para cometer ilícitos y nada más es tener un registro para cuidar a la población, es un asunto de seguridad».

El 6 de abril, la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobó el proyecto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, con el fin de combatir el uso de chips de prepago para la comisión de diversos delitos. 

El Registro de Usuarios de Telefonía Móvil contendrá la siguiente información: número de línea telefónica móvil, fecha y hora de la activación de la línea adquirida en la tarjeta SIM, nombre completo, denominación o razón social del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía y Clave Única de Registro de Población del titular, así como datos biométricos del usuario o del representante legal de la persona moral.

Con el voto a favor de 54 legisladores de Morena, PRI y PT, 49 en contra del PAN, PRD y algunos priistas, así como 10 abstenciones, el Senado avaló en lo general la creación de  dicho padrón.

El dictamen de los diputados recogió la propuesta de los comisionados del IFT, liderados por Sóstenes Díaz, y así se publicó en el Diario Oficial de la Federación. El trasfondo del padrón y la entrega obligatoria de datos biométricos, lo cual es sumamente impopular para el partido en el gobierno y para el propio presidente López Obrador, tendría que ver con intereses externos de empresas que buscan proporcionar los servicios de biometría.

Y, por si fuera poco, revive la intención de la Secretaría de Gobernación de crear una base de datos de los ciudadanos a través de la llamada cédula de identidad nacional. De hecho, la dependencia a cargo de Olga Sánchez Cordero ya entró en contacto con el IFT para ver de qué forma pueden beneficiarse del padrón.

Como medida de seguridad, es buena para combatir los hechos delictivos como extorsión, secuestro, robo de identidad, etc. Pero se debería tomarse más en serio con otras medidas necesarias y más efectivas. Por ejemplo:

• Castigar severamente la compra y venta de celulares robados. Amarrar una tarjeta SIM del teléfono a un usuario, no evitará los cotidianos robos de celulares a los ciudadanos, con cambiar de chip es suficiente para revenderlo.  La venta de celulares robados, se realiza en plena calle a la vista de todos, y no pasa nada.
• Se debe neutralizar la señal de celulares en reclusorios, ya que muchas extorsiones telefónicas se realizan desde ahí, donde supuestamente ni deberían tener celulares los presos.
• Cumplir con las leyes y hacer efectivas las sentencias impuestas a secuestradores, extorsionadores y otros. Muchas veces no se persiguen estos delitos, y cuando se capturan los malhechores, son liberados o castigados levemente por “falta de pruebas”, “mala integración del expediente”, “congratulación con las mismas autoridades” o fallas en la impartición de la ley.
• Endurecer efectivamente las penas por la portación ilegal de armas. De ahí surgen la mayoría de los delitos.
• Entre otras más… sólo es voluntad política real para hacerlo, no sólo con «abrazos ni acusándolos con su mamá o abuelita» se resolverá el problema.

Además, existe gran temor de que nuestra información obtenida sea filtrada o robada y se venda al mejor postor, como sucedió en el 2009 con el desaparecido RENAUT.

Finalmente, esperaremos a ver qué sucede con dicho registro, ya que es una medida muy mal aceptada por la ciudadanía en general.