“Las familias y las empresas pagarán más por los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos de aprobarse en sus términos la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos”.
Esta advertencia fue la lanzada ayer por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que en un comunicado explicó que la iniciativa afectaría negativamente el proceso de competencia y libre concurrencia de la cadena de valor en el sector de los hidrocarburos.
La oposición criticó la reforma al considerar que es expropiatoria y va en contra de lo estipulado en el T-MEC.
“Solo beneficia al gobierno y no es equilibrada respecto a la iniciativa privada”
“La reforma a la Ley de Hidrocarburos resulta confiscatoria y expropiatoria”
“Da todas las facultades al gobierno para hacer y deshacer en el sector”
“Esto podría resultar en una disminución de la oferta de bienes y servicios en la industria, con el consecuente aumento en los precios que pagan por ellos las familias y empresas mexicanas”, explicó el organismo que preside Alejandra Palacios en un comunicado.
Esta alerta se registra en un momento en que los precios de los energéticos registran presión, a tal punto que bienes como el gas LP ha tenido un incremento de 36.5% anual a marzo de este año, la gasolina Magna ha subido 11.4% y la Premium, 11.1%, según lo reportado por el Inegi. Estos combustibles representan el 8.47% del peso de la inflación total, y el 12.1% de la canasta mínima.
Por esta razón, el organismo antimonopolios remitió al Congreso de la Unión una opinión en la que recomienda no aprobar en los términos propuestos dicha Iniciativa, que fue presentada a finales de marzo pasado y que generó el rechazo unánime de todas las organizaciones del sector privado.
Para recomendar no aprobar la iniciativa, la Cofece explica en primer lugar ella desincentivaría la entrada y reduciría la oferta al distorsionar el régimen de permisos para los hidrocarburos.
Esto debido a que faculta y da amplia discrecionalidad a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para suspender temporalmente permisos si es que llegan a considerar que existe un peligro para la seguridad nacional, seguridad energética o para la economía nacional.
El órgano comentó que estos conceptos en ningún momento son definidos en la iniciativa ni tampoco se establecen criterios para que se aplique de forma clara y expedita.
En segundo lugar, el organismo comentó que la iniciativa genera incertidumbre al modificar de afirmativa a negativa ficta en la resolución de las solicitudes de cesión de permisos, lo que reduce los incentivos de la autoridad para resolverlas de manera expedita e impide inicialmente a los agentes económicos conocer las razones para negarlas.
Esto significa que se pasa de una afirmativa ficta, que implica que el silencio de la autoridad da pie a una respuesta positiva de la petición; es decir, que la autoridad la concede, a una negativa ficta, que implica que cuando hay silencio de la autoridad, lo que quiere decir una respuesta negativa, dando pie a que quien hizo la petición se tenga que defender en tribunales.
En tercer lugar, la Cofece se opone a la aprobación de la iniciativa de Ley de Hidrocarburos porque reduciría el número de competidores y la oferta al establecer la comprobación previa de cierta capacidad de almacenamiento requerida por la Sener para el otorgamiento de permisos.
Comentó si bien contar con capacidad de almacenamiento suficiente necesario para que exista competencia en la cadena de producción de combustibles, “requerir su comprobación previa al otorgamiento del permiso genera un círculo vicioso entre la falta de dicha capacidad por la inexistencia de permisos, y la falta de éstos ante la escasez de infraestructura, desalentando inversiones en este rubro”.
También expertos indican que la propuesta de AMLO para cambiar la Ley de Hidrocarburos representa violaciones al T-MEC y podría desmotivar las inversiones.
Santiago Arroyo, director de la consultora Ursus Energy señaló que cobran importancia relevante las modificaciones a los artículos 57 y 59 bis porque en ellas se encuentra una expropiación “disfrazada”.
«Es una expropiación indirecta porque tenemos un antecedente legal, con el cual se otorga total discrecionalidad a la Secretaría de Energía, a la Presidencia de la República y a la Comisión Reguladora de Energía, e incluso, está refiriéndose a todo el sector hidrocarburos».
«Es una situación alarmante porque no hay reglas claras. Representa violaciones al T-MEC en el capítulo de regulación y obstrucciones a la comercialización. Deja mucha inestabilidad jurídica y eso vulnera a los artículos 25 y 28 de competencia y libre concurrencia», añadió.
«No puedes emprender un mecanismo que eche para atrás la reforma energética de 2013, y al mismo tiempo querer tener un acceso irrestricto a los mercados de Estados Unidos y Canadá a través del T-MEC; esto no va a funcionar, ya que por un lado violas tu propia Constitución, por eso hay tantos amparos y controversias constitucionales y por otra parte, violas reglas establecidas a nivel internacional» dijo Kenneth Smith, exjefe negociador del T-MEC.
Finalmente, muchas voces expertas dicen que es una reforma que nació muerta, que no procederá, como sucedió con la reciente reforma a la ley eléctrica, pues se dice que son inconstitucionales y que desincentivan la inversión en el país.
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