Desde el Banco de México (Banxico) se prepara un duro golpe para los usuarios de los servicios financieros, el cual al mismo tiempo representará un beneficio calculado en 3 mil millones de pesos anuales para las instituciones bancarias que operan en el país.
Banxico publicó en diciembre pasado, un proyecto de cambios a su circular 3/2012, específicamente en el capítulo III artículo 67, en la que se elimina la obligación de los bancos para reintegrar el dinero de manera inmediata cuando un usuario no reconoce un cargo en su línea de financiamiento, en específico cuando se trata de pagos domiciliados a cuentas de créditos de nómina.
La propuesta, según una consulta pública de Banxico, fue avalada de manera inmediata por bancos como HSBC de Jorge Arce, Scotiabank que dirige Adrián Otero, Santander a cargo de Felipe García, Citibanamex de Manuel Romo y por la Asociación de Bancos de México ABM) que preside Julio Carranza, lo cual era de esperarse por el beneficio que les representa. Llama la atención, sin embargo, que los lineamientos fueron avalados también por la CONDUSEF que encabeza Óscar Rosado.
Bajo las reglas actuales, basta con que el cliente no reconozca un cargo domiciliado para que los bancos obligatoriamente devuelvan el saldo completo y luego se procede a realizar una investigación que confirma o desecha el cargo. Según datos de la Condusef, al año se reciben unas 220 mil quejas por estos sucesos que representan unos 3 mil millones de pesos.
El objetivo de las regulaciones es proteger precisamente al usuario, y ya existen sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligan a las instituciones bancarias a pagar intereses por esos cargos que no se reconocen, y que por falta de respuesta del banco, se tienen que llevar como reclamos hasta las instancias judiciales. Aquí también los pagos de montos e intereses se contemplan desde el momento en que se inicia el proceso y no hasta llegar a la resolución.
La postura de las autoridades y de la ABM, es que dichas reformas ayudan a prevenir fraudes por desconocimiento de cobros que sí son procedentes. El problema es que la medida es totalmente asimétrica, pues los efectos se centran únicamente a las instituciones bancarias y no contempla a otros intermediarios de crédito no bancario, los cuales deberán mantener la obligación de devolver de manera inmediata los montos por cargos no reconocidos.
Entre estos intermediarios se encuentran las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), que acumulan en el sector de los créditos de nómina una cartera de alrededor de 90 mil millones de pesos, enfocada a los usuarios que la banca tradicional suele no atender. Este sector es el que ha levantado la mano para someter a una revisión más profunda la nueva regulación, toda vez que los únicos beneficiados con la misma son los grandes jugadores del mercado.
Las Sofomes tienen varias cuentas pendientes con el actual régimen. Por ejemplo sigue en la congeladora la denominada Ley de Cobranza Delegada, misma que pretendía establecer al patrón como garante de los créditos de nómina. Esta figura daría certeza tanto a las firmas prestamistas como a los sujetos de crédito, al definir la capacidad de pago de cada trabajador; no obstante, el senador que traía el tema, Ricardo Monreal, no compró estos argumentos.