La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que señala que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México (SACM) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dejan de estar sectorizados a ella y se integrarán en un máximo de 60 días naturales a la Secretaría de Marina (Semar), contados a partir de mañana.
El acuerdo no específica si la Marina aceptará hacerse cargo del aeropuerto, aún con la deuda de 4 mil millones de dólares que pesa sobre la estructura del AICM, debido a las obligaciones que tiene el gobierno mexicano con los bonistas del MEXCAT, un instrumento financiero que fue ideado para dotar de recursos al aeropuerto de Texcoco que, una vez cancelado, condenó al aeropuerto de la Ciudad de México a destinar todo el TUA hasta 2047, para el pago de esa deuda.
Si el adeudo es absorbido por la federación, ¿se convertirá en el FOPROTUA, equivalente al FOBAPROA en su tiempo?
Se argumentó que la decisión tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de seguridad de las empresas estatales y alinear todos los esfuerzos en la materia para enfrentar “óptimamente” los enormes desafíos actuales del Estado mexicano.
“En años anteriores hubo un descuido sistémico en las terminales aeroportuarias ya que el servicio presentaba deficiencias, con áreas y equipamiento mal aprovechados, lo que generó actos destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil y del transporte aéreo. A pesar de contar con sistemas para monitorear amenazas y riesgos en el área operacional, los reportes no eran atendidos con prontitud, la seguridad de las operaciones y el cumplimiento estricto de la normativa en la materia era nula”, se detalló.
Como contexto, se recuerda que la Marina ya coadyuva en las operaciones de vigilancia, inspección, apoyo y control en el recinto aeroportuario para neutralizar el tráfico de armas, drogas, divisas, mercancía ilegal y evitar el tráfico de personas.
La decisión de quitar a la SICT el control de las empresas paraestatales había sido mencionada desde hace más un año por parte de diferentes actores de la industria aérea (pública y privada), incluso hubo una primera versión del acuerdo en junio pasado y un mes después se publicó una adición para cumplir adecuadamente con la autoridad regulatorias:
“La SICT y Marina serán responsables del proceso de transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales con que cuentan las entidades paraestatales que se mencionan en el acuerdo ÚNICO del presente instrumento, así como proporcionar la información necesaria para la integración de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que corresponda, en el ámbito de su competencia”, se advirtió.
Además, se deja en claro que dentro del periodos de 60 días naturales la SICT debe llevar a cabo la actualización del capital social de las firmas con base en los estados financieros auditados al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior, así como la transferencia de la totalidad de las acciones representativas del Gobierno federal, y demás acciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables y todas las acciones realizadas en términos del presente acuerdo, deben ser informadas a la persona titular de la Marina dentro del citado periodo.
Para facilitar el traspaso, por medio del decreto se instruyó a las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para que en el ámbito de su competencia coadyuven en la transición de la sectorización, en el periodo señalado.