México cuenta con la Ley de Austeridad Republicana desde el 19 de noviembre de 2019, el primer año de la presidencia a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Tiene por objetivo disminuir gastos en el presupuesto público a través de la «eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez», y aplica a todos los gastos de la administración pública.
Su antecedente más inmediato es el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, publicado el 10 de diciembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), recién llegado Enrique Peña Nieto al poder federal.
La aplicación de estas medidas de austeridad no es nueva, pues desde la década de los 80 se habla de la reducción del gasto público y de la menor participación del estado en la economía, refiere un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestario (CIEP).
Aunque supuestamente está prohibido, existen 2 mil 560 servidores públicos que ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, de los cuales el 92%, es decir, 2 mil 377 pertenecen al Poder Judicial de la Federación (PJF), informó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.
En la conferencia “mañanera”, la encargada de la política interna del país explicó las reformas planteadas por el Ejecutivo en materia de austeridad republicana, salarios de servidores públicos y desaparición de organismos autónomos y organismos sectorizados y descentralizados.
La titular de Gobernación recordó que en 2019 se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, pero varias autoridades han resistido a aplicar estos principios escudándose en la división de poderes, en la autonomía constitucional, en la soberanía de los estados.
“La propuesta es establecer primero el principio de austeridad republicana en el artículo 134 constitucional para que los recursos públicos se administren y ejerzan responsablemente”.
Recordó que en los hechos hay funcionarios que ganan más que el Presidente, como 2 mil 560 funcionarias y funcionarios federales que hoy violan este principio constitucional, 2 mil 377 pertenecen al Poder Judicial Federal y 182 pertenecen a cuatro órganos autónomos.
Explicó que el excedente de las remuneraciones que son inconstitucionale, asciende a 2 mil 264 millones de pesos, de los cuales 2 mil 167 millones de pesos vienen del Poder Judicial, sin embargo, a nivel estatal existe un número indeterminado de funcionarios que violan ese principio principalmente de los Poderes Judiciales estatales.
Por ello se propone que en la constitución se establezca que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente la República cuya remuneración no superará 73 veces el valor anual de la Unidad de Medida de Actualización (UMA). “ese es el monto máximo que un servidor público puede ganar”.
“Es así que se ajustan todas las remuneraciones de los servicios públicos, tanto federales como locales al tope máximo y una cosa fundamental, ya habíamos presentado aquí la reforma de pensiones que es una parte importante de los recursos y va a venir de varios ahorros bueno hoy se establece en los transitorios que todos los ahorros se van a destinar al Fondo de Pensiones para el Bienestar”, dijo.
Sobre el mismo tema, de llegar a la presidencia de México, la candidata por Morena, Claudia Sheinbaum, promete continuar con la austeridad republicana que implementó la administración de Andrés Manuel López Obrador, y que ha dejado más afectaciones que beneficios.
Sin embargo, especialistas ven difícil este plan sin una reforma hacendaria.
Una política de austeridad en el uso del dinero que llega al erario público por impuestos, derechos, venta y exportación de petróleo, es redituable cuando se revisan gastos onerosos, se recortan y se destinan para brindar servicios públicos a la ciudadanía, o se convierte en inversión para infraestructura como carreteras, aeropuertos, autopistas, hospitales, escuelas, la cual detona la actividad económica y atrae la inversión privada, explicó Christopher Cernichiaro, investigador posdoctoral de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Lejos de reducir el gasto público, este ha aumentado 20.5% en términos reales de 2018 a 2024, mientras que los ingresos aumentaron 14.4%, y los ingresos por deuda aumentaron 158.5%, al comparar la Cuenta Pública 2018 frente a la ley de ingresos y presupuesto público 2024.
Los ramos que presentan los mayores recortes de 2018 a 2024 son la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con una reducción de 81.4%; la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de 80.9%; Economía, de 71.2%; el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de 42%; Salud, de 41.4%, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con una disminución de 33.7%.
En contraparte, los rubros que más han sido beneficiados son Energía, con un incremento de 2,097%; Trabajo y Previsión Social, con 370.6%; Bienestar, con 302.9%; Defensa Nacional, con 139.1%, y Marina, con aumento de 50.7%, en sus presupuestos.
Lo que se ha visto son reasignaciones a los gastos, es decir, se quitan recursos de un rubro para destinarlos a otros; por ejemplo, como parte de esta política de austeridad, se exterminaron fideicomisos y el dinero de estos se fue para programas sociales, lo que no meramente es redituable para la economía, explicó Edson Valdés Iglesias, profesor investigador de la Universidad Veracruzana, en materia de Economía y Finanzas Públicas.
“No va a tener la misma repercusión, en una economía, transferir recursos para programas, en vez de carreteras para mover mercancías, abaratar costos, aportar a que más mercancías se muevan, invertir para corregir problemas de seguridad”, comentó el académico.
Gane quien gane, la siguiente administración federal tendrá que enfrentar no sólo el problema de la falta de recursos públicos para atender las responsabilidades de gasto heredadas, también observará debilidad institucional y pérdida de capacidades ocasionadas, en parte, por las políticas de austeridad selectiva del gasto de la administración saliente, advierte el CIEP.
Ante ello, el planteamiento de una reforma hacendaria será impostergable, coinciden los especialistas.
Es importante revisar la calidad del gasto, es necesario aumentar la capacidad de generar ingresos por parte de la administración pública, aplicando el marco legal que se tiene ahora. Este esfuerzo vendría más por los gobiernos locales para cobrar, por ejemplo, el predial. Además de concentrar acciones para cobrar impuestos a quienes operan en la informalidad.