Las negociaciones entre el poder federal e Iberdrola tuvieron lugar desde abril del 2023, cuando el ejecutivo comunicó la intención de incluir 13 plantas generadoras propiedad de la multinacional española al patrimonio público mexicano. Mediante un video, el presidente López Obrador informaba sobre los planes de adquisición y el proyecto de que la CFE operara dichas plantas.
Sin embargo, no ha sido hasta fines del mes pasado que la COFECE (Comisión Federal de Competencia Económica), organismo encargado de regular y sancionar prácticas de mercado anticompetitivas, diera autorización para efectuar la transacción. El visto bueno de la COFECE estaría condicionado por el cumplimiento de algunas medidas que buscan, en palabras del organismo, garantizar que la competencia económica del mercado de la generación eléctrica no se vea afectada.
Con el objetivo de que las plantas sean operadas de forma independiente, el organismo regulador demanda que el Fondo Nacional de Infraestructura no sea quien esté a cargo de ellas, sino que haya un tercer agente que las administre. Además, la participación del FONADIN (Fondo Nacional de Infraestuctura) no deberá exceder el 51%.
Todas las decisiones relativas a la administración se deliberarán con la participación de todos los inversionistas, incluidos los poseedores del otro 49% de la participación restante. Además, los encargados de operar las plantas no podrán haber sido funcionarios públicos en los últimos 4 años o ejercer funciones en ningún otro competidor.
Según El Financiero, la transacción, que equivale a un aproximado de 6 mil millones de dólares, comprende adquirir 8.539 MW de capacidad instalada. De estos, 8.436 MW serían generados por medio de ciclos combinados de gas, mientras que el restante proviene de producción eólica.
El regulador en competencia sujetó la compra de 13 plantas eléctricas de Iberdrola Generación México por parte del Gobierno al cumplimiento de varias condiciones.
“El cumplimiento de estas condiciones garantizará que la competencia económica del mercado de la generación eléctrica no se vea afectada”, sostuvo la COFECE en un comunicado.
La comisión recordó que la operación originalmente fue notificada por Mexico Infrastructure Partners (MIP) y FONADIN).
Las condiciones de la COFECE son:
- FONADIN o sus partes vinculadas en la operación deberán reducir y mantener su inversión en un máximo de 51%, lo cual debe concretarse en un plazo de 24 meses.
- Se debe designar a un administrador profesional independiente, que sea el encargado de tomar decisiones relativas a la operación de las plantas de generación eléctrica en el mercado.
- Se deben establecer controles y mecanismos para que las decisiones relativas a la administración de las plantas de generación eléctrica únicamente puedan ser adoptadas mediante votaciones calificadas o con intervención obligatoria de inversionistas institucionales o miembros independientes.
- Se deben establecer controles y mecanismos que obliguen a las personas encargadas de la operación de las plantas de generación eléctrica a actuar con independencia y sin conflicto de interés.
COFECE agregó que con la finalidad de obligar a los compradores a que eviten intercambios de información sensible o estratégica entre competidores, se impusieron, entre otras, las siguientes condiciones:
- Deben designar a un oficial de cumplimiento totalmente independiente a las partes que verifique y garantice esta situación.
- Los directivos y personas encargadas de la operación de las plantas de generación eléctrica deberán abstenerse de tener cargos en algún otro competidor; sumado a que no podrán ser designados aquellos que fueron servidores públicos en los últimos 4 años.
La COFECE indicó que las condiciones impuestas obligan a garantizar que, pese a la inversión del FONADIN en la operación, las plantas de generación eléctrica operarán de manera autónoma e independiente en el mercado, sin injerencia o comunicación con sus competidores.
Las condiciones tienen una vigencia de 10 años y serán constantemente verificadas por la COFECE a través de mecanismos establecidos en la resolución.
“Los compradores deberán aceptar de manera expresa e incondicional las condiciones establecidas por el Pleno de la Comisión para poder cerrar la Operación y, en caso de que incumplan las condiciones una vez aceptadas, se podrán imponer las sanciones establecidas en el artículo 127 de la Ley Federal de Competencia Económica”, destacó la COFECE.
La dependencia agregó que la banca de desarrollo y la comercial financian el 60% de operación, y que se buscará la participación de las Afores, fondos de pensiones, y otros inversionistas institucionales.